domingo, 28 de marzo de 2021

Colegas perseguidas judicialmente

Jorge Garaventa - ( Psicólogo) - Tal vez un buen punto de partida sea la aclaración de que no se trata de una defensa corporativa irresponsable e infundada. Hablamos de colegas que reciben acoso mediático y judicial por el buen desempeño de sus tareas terapéuticas y judiciales. Se las ataca por lo que hacen bien. Estos ataques, con persistencia preocupante, no tienen como objetivo pleno invalidad una intervención particular. Muy por el contrario, esa intervención está destinada a trascender, a crear inseguridad, incertidumbre y desaliento. Traducido sin tapujos, a instalar miedos, y hasta el terror fantasmatizado de perder la matrícula y el ejercicio de la profesión, bienes profundamente valiosos para quienes hemos tenido el privilegio de atravesar las aulas universitarias. Que casi la totalidad de los avances se centren en profesionales mujeres obliga a pensar en la perspectiva de género, más allá de que algunos varones hemos sido víctimas de las mencionadas maniobras, en algunos casos hasta disfrazadas de “fuego amigo”. De lo que se trata es de dejar fuera de combate a quienes pueden poner en jaque la impunidad del abusador, con el simple hecho de escuchar la palabra de la niña o el niño develando su victimización sexual. Hay un primer éxito a la vista. A la fecha es una tarea ardua conseguir colegas dispuestas/os a intervenir, ya sea terapéutica o pericialmente, con niñas, niños y adolescentes que han padecido ataques sexuales por parte de adultos, fundamentalmente abuso intra familiar. El fenómeno no es nuevo. Con distintos actores, en nuestro país sobrepasa las dos décadas, y hasta tiene un nombre en la bibliografía especializada. Estamos hablando del backslash. Se trata de una contracorriente de acción y opinión que se centra fundamentalmente en la desacreditación pública y la persecución judicial de colegas, a quienes se los acusa, sin fundamentos, obvio, de manipulación, mentiras, complicidad desaprensiva con las/os denunciantes, con el fin de impulsar de impulsar la condena de quienes han sido señalados por la develación de niños y niñas como autores de conductas aberrantes. En el año 2000 ocurrió un hecho que podríamos ubicar como el epicentro de esta corriente de ataque. El Dr. Eduardo Cárdenas, por entonces un ex prestigioso Juez de familia, publica una nota en la revista La Ley, una especia de biblia de los abogados, denunciando el abuso de la denuncia de abuso. Allí apunta, con nombre y apellido, no solo contra profesionales e instituciones que acompañaban y trataban tanto a niñas y niños abusados sino también a sus protectores, generalmente madres. El argumento, falaz por cierto, pero a su vez elemento de proyección, era la maliciosa unión, con fines económicos, y al servicio del rencor femenino producto de divorcios destemplados. Fue todo un movimiento al servicio de pavimentar la ruta por la que ingresa con toda contundencia el SAP, supuesto síndrome de alienación parental, cuadro que no logra sostener la más mínima confrontación epistemológica. Hay otra tremenda inconsistencia de origen. El falso SAP es el primer cuadro psicopatológico que tiene presencia en ámbitos judiciales pero brilla por su ausencia en los de psicólogos/as. La reacción en aquel momento fue armar redes, para terminar descubriendo que del lado de los pedófilos ya existían, con el agravante de un alto respaldo, aún hoy presente, de vastos sectores del poder judicial, para con ellos. Algunos jueces, como el Dr. Carlos Rozanski, tomaron las banderas de la niñez, para dar batalla desde lo judicial. Paralelamente la Dra. Eva Giberti, junto a la Proferora María Elena Naddeo, por entonces Presidenta del Consejo por los derechos de niñas, niños y adolescentes, implementan desde el organismo ciclos de formación sistemática para colegas, en la convención acertada de que la vigilancia epistemológica era una herramienta esencial en el combate contra la intervención de colegas en ámbitos tribunalicios. Tuve el alto honor de ser convocado a integrar el plantel docente de entonces. Con el correr de los años han variado los modos pero no la intensidad de los ataques. En aquel momento el centro de la escena era el discurso resentido de la mujer. Era la mujer la que mentía. Con los años ya no fue el centro la mujer, sino el discurso alienado del niño, pero consciente de sus mentiras. La mira del ataque ha variado hoy. Ya no es que las madres sean maliciosas o los niños y niñas mientan, o no sólo, sino que por maldad intrínseca, falta de formación, o negociados espurios, son las psicólogas las que falsean sus testimonios, sus escritos y todo tipo de intervención. Y empiezan a llover las denuncias, por falso testimonio, manipulación, impericia, temeridad, o lo que fuere. Se sabe que a la larga, la mayoría de esas denuncias son descartadas. Pero el mal ya está hecho, y el disciplinamiento en marcha. Disciplinamiento que tiene un agregado atemorizante cuando en sede Judicial o en algunos tribunales de ética profesionales se da espacio al despropósito. La realidad es altamente preocupante. Desde distintos estamentos del Estado se muestra la tremenda prevalencia de los abusos hacia la niñez, se legisla obligando a profesionales de la Salud a denunciar ante la sospecha de existencia de abuso sexual contra niñez y adolescencia, pero luego, el propio Estado no actúa con la premura y pertinencia que pregona. La Federación de Psicólogos de la República Argentina se ha manifestado con contundencia, incluso con recomendaciones sólidas hacia colegios, asociaciones, y sus respectivos tribunales de ética y disciplina. El Poder Judicial no reacciona. No es una cuestión de capacitación sino de posicionamiento ideológico. El cambio ha de ser cultural y social, o no será. De cada 10 niños o niñas que cruzamos a diario, más de la mitad están sufriendo en el silencio el abuso, como si aún hoy fuera una instancia privada, o más horrorosamente, de una acostumbrada geografía. Muchas de las colegas que se atrevieron a intervenir y darle cuerpo a la palabra de la niñez, sufren la incertidumbre de su futuro profesional y social. Al desprestigio en lo judicial, se les suma el accionar en las redes. Por experiencia sé que cuando la calumnia y el infundio se ponen a andar, es casi una utopía detener sus efectos. Dice UNICEF que la tasa de abuso sexual en Argentina es altísima. También dice, y coincidimos en ambas cuestiones, que la cuestión pasa por romper el silencio. Cuando un niño o una niña devela abuso sexual por parte de un adulto…si lo escucha su madre, es una resentida y miente; si habla por su cuenta, está alienado o miente; si lo escucha la psicóloga, lo manipula, o miente, o es inepta, o está en un negociado. Judicializar a las colegas es una bomba que colocan intencionalmente quienes pretenden un escarmiento disciplinante. Es hora de que la Justicia defina, antes del estallido, de qué lado de la mecha está. La Sociedad también. Marzo de 2021